Las decisiones en favor de la competencia han surgido con lentitud y, una vez tomadas, han sido frustradas por la ineficacia del sistema de regulación y el sistema legal. Si bien en los últimos años se han adoptado iniciativas más claras y enérgicas para propiciar un entorno más competitivo, en todos los segmentos del mercado existe una empresa dominante, que presenta una participación de mercado muy superior a sus competidores más cercanos.
En México 42.4 millones de personas usan una computadora y 37.6 millones utilizan Internet. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que los usuarios de Internet registraron un aumento del 14.7% respecto al 2010. El grupo de población de entre 12 a 34 años es el que más utiliza el servicio de Internet, con una participación del 64.5 por ciento. (http://www.mediatelecom.com.mx)
En la actualidad contamos con muchas compañías que ofrecen el servicio de Internet aunado a otros servicios. Estas empresas venden el servicio de acuerdo a la velocidad de la conexión, es decir, de acuerdo a los Megabytes (Mbps) de velocidad que ofrezcan, además de los servicios adicionales como la telefonía fija y la televisión de paga, lo que comúnmente se conoce como tripleplay.
Un estudio realizado por la consultora AGA Marketing reveló que compañías como Telmex, Cablevisión, Cablemás, TotalPlay entre otras, incumplen su promesa de velocidad de conexión a Internet, escudándose bajo el pretexto o la excusa de la saturación de la banda ancha. Ante esto la ley no obliga a estas empresas a cumplir con el compromiso suscrito en la contratación de dicho servicio y tampoco reciben ninguna sanción por no cumplir con lo ofertado, dejando al usuario vulnerable y sin ningún tipo de poder legal para defenderse de estas empresas de lo que a todas luces es un “fraude” disfrazado. En otros países de América Latina como Argentina, Brasil o Colombia se imponen multas al mal rendimiento del internet o a las fallas que puedan presentarse, esto de acuerdo a José Otero, director de la consultora Signals Telecom Consulting. (http://www.bitacoracultural.com ciencia y tecnología)
Así pues aunque las propagandas y la publicidad nos ofrecen velocidades de conexión descomunales, la triste realidad nos muestra que el servicio está muy por debajo de lo esperado en comparación con otros países del mundo en donde la velocidad de conectividad es mucho mayor.
De esta manera cabe cuestionarse: ¿Los usuarios realmente pagan lo que consumen? ¿Existen sanciones para el mal servicio? ¿Qué papel ha jugado la COFETEL al respecto?
Bajo este contexto se dejan en evidencia las limitaciones del organismo regulador para telecomunicaciones que tenemos en México. La COFETEL no cuenta con autonomía respecto del gobierno para tomar decisiones, ni para ejercer una solución que resulte efectiva, no tiene capacidad de imponer multas sino únicamente puede recomendarlas y establecer los montos de las sanciones, los cuales son muy modestos en relación al incumplimiento de este tipo de compañías. Si comparamos las medidas y sanciones que se tienen en otros países por parte de las autoridades que regulan los mercados, nuestro país resulta sumamente bondadoso en este ámbito.
La legislación no ofrece vías libres para que la autoridad regule los criterios desiguales. Es decir no se imponen limitaciones y supervisiones específicas a las empresas que controlan un segmento significativo en el mercado de las telecomunicaciones.
En un estudio realizado por la OCDE se mencionan las consecuencias que tiene la concentración del mercado en una la sociedad: “El que una sola empresa domine el mercado de telefonía de voz fija, banda ancha fija y telefonía móvil, es la fórmula para que haya altos costos, precios elevados, mala calidad, pocas opciones, competencia limitada y bajos porcentajes de penetración, con consecuencias adversas previsibles para el desarrollo económico de México y el bienestar de sus ciudadanos”.
Ahora no sólo tenemos a TELMEX, también tenemos a Televisa-Iusacell con la suficiente infraestructura para competir, pero de igual forma con muchos intereses de por medio, si bien esta fusión aún no ofrece el servicio de internet, es bien sabido que está en sus planes ser proveedor del llamado cuádruple play. (http://www.cnnexpansion.com/negocios/2012/06/14/televisaiusacell-a-cambio-de-3-cadena)
Tal parece que al estado le interesara más velar los intereses de las empresas y seguir en dentro de un “compadrazgo” que seguirá haciendo que la autoridad encargada de regular (COFETEL), carezca de facultades suficientes para jugar su papel. Ante este panorama se puede pensar que el poder político ha simpatizado más con la posibilidad de respaldar a otros consorcios para que compitan con Telmex que con la edificación de una nueva institucionalidad que propicie un auténtico mercado con reglas en beneficio de la sociedad.
El estudio de la OCDE apunta que es necesario reformar la regulación para así estimular la competencia y remarca cuatro puntos: (http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/49502120.pdf)
- La Cofetel debería estar facultada para regular las tarifas de interconexión, con el fin de fomentar la competencia entre operadores, así como para facilitar el desarrollo y crecimiento del sector, proporcionando certeza reguladora e igualdad de condiciones en el mercado móvil.
- La Cofetel debe tener autoridad para imponer la separación funcional y, de ser necesario, estructural, de cualquier operador que continúe abusando de su poder de mercado, y ayudar a asegurar la igualdad de acceso y equivalencia de insumos de los operadores.
- La responsabilidad de fijar y administrar el esquema de precios utilizado en la regulación de los precios de Telmex al usuario final debe correr a cargo de la Cofetel. Es necesario modificar el esquema de precios, de modo que la Cofetel sea la única encargada de determinar el “factor X”.
- Puesto que el marco legal vigente no ha resultado eficaz, se necesitan reformas legales para promover la compartición eficiente de infraestructuras y eliminar las barreras para la obtención de derechos de paso (o derechos de vía).
Mientras el órgano regulador esté capturado por los regulados será imposible que realmente exista una libre competencia sin privilegios ni acuerdos de compadres que sólo beneficien a un pequeño sector a costa de la población que paga y confía en que recibe los mejores servicios.